RECURSO DE REPOSICION

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA.

D. MANUEL FERNÁNDEZ OVIEDO, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista en esta Corporación Municipal, con domicilio a efecto de notificaciones en el propio Ayuntamiento, como mejor proceda en derecho y para que surta los efectos oportunos presenta, en tiempo y forma, RECURSO DE REPOSICIÓN contra el Acuerdo plenario tomado en la sesión celebrada el 6 de Mayo de 2010 de aprobación del Convenio de Colaboración entre el Consorcio para el abastecimiento y saneamiento de aguas “Plan Écija”, en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Que el que suscribe es Concejal del Excmo. Ayuntamiento de La Campana, como consta debidamente acreditado en la Secretaría General.

2.- Que en su condición de Concejal votó en contra del mencionado Acuerdo plenario, lo que le legitima para presentar el presente Recurso de Reposición contra el mismo. De igual modo, dado que no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, ni en ninguno otro, entiende que el plazo para presentar este recurso es de un mes desde la sesión plenaria (art. 117.1 LRJPAC) que es cuando ha tenido conocimiento del mismo.

3.- Que la falta de publicidad del acuerdo adoptado entiende el que suscribe que adolece de vicios que podrían conllevar su nulidad de pleno derecho, o cuando menos la falta de ejecutoriedad del acuerdo.

4.- Por último, en el Acuerdo aprobado no se deja claro qué ocurre con los beneficios económicos que hasta ahora recibía el Ayuntamiento de La Campana por la prestación directa del servicio, lo que puede conllevar un perjuicio grave de los intereses de la Corporación Municipal.

A los que son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El que suscribe fue elegido Concejal en las listas del Partido Andalucista en las Elecciones Locales del año 2007 en el Excmo. Ayuntamiento de La Campana. Algo que consta debidamente acreditado en la Secretaría General de la Corporación. En la sesión plenaria celebrada el pasado 6 de Mayo de 2010 votó en contra de la Propuesta de Acuerdo. Por ello, está legitimado para presentar este Recurso.

Segundo.- El art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que:

“Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboración celebrados obligarán a las Administraciones intervinientes desde el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa.

…

Ambos tipos de convenios deberán publicarse en el y en el de la Comunidad Autónoma respectiva”.

El Pleno ha cumplido el mandato legal, a excepción de este último artículo 8.2 de la LRJPAC. Puesto que no se ha remitido al Boletín Oficial correspondiente para su publicación y publicidad del Convenio de Colaboración, a efectos de que los interesados puedan realizar las reclamaciones que consideren, si lo estiman necesario.

Por lo tanto, le falta el último paso, esencial y necesario, para que sea efectivo y ejecutivo.

Por ello, se estaría incumpliendo el procedimiento legalmente establecido y las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados (art. 62.1.c LRJPAC), por lo que se convertiría en un acto nulo de pleno derecho.

La formación de la voluntad del Pleno estaría pendiente de un acto esencial como es el mandatado por el art. 8.2 de la Ley 30/1992, es decir, su publicación. Y ello hace, a su vez, que se incumpla el procedimiento total y absoluto prescrito en la ley, pues para ser total haría falta a nuestro juicio su publicación, que le da publicidad y dota del derecho constitucional de los ciudadanos para participar en la vida pública.

Por ello, si no se procede a la publicación sería nulo de pleno derecho.

Tercero.- Que en el referido acuerdo plenario adoptado por la mayoría absoluta del número legal de miembros, no se aclara qué ocurre con las prestaciones y derechos económicos que hasta ahora reportaba a las arcas municipales la prestación directa del servicio.

Se toma la decisión de la prestación indirecta del servicio, pero no se recoge quién se quedará con los beneficios que hasta ahora reportaba al pueblo de La Campana, como era la contratación de determinados vecinos.

Ello hace que este acuerdo sea lesivo para los intereses del Ayuntamiento de La Campana, desde nuestro punto de vista.

Esta falta de defensa de los intereses de los vecinos de La Campana, que indirectamente conforman nuestro Ayuntamiento, conllevaría indefensión de los interesados, por lo que sería motivo de anulabilidad (art.63.2 LRJPAC).

Por ello, SOLICITA se tenga por presentado, en tiempo y forma, RECURSO DE REPOSICIÓN contra el Acuerdo plenario tomado en la sesión celebrada el 6 de Mayo de 2010 de aprobación del Convenio de Colaboración entre el Consorcio para el abastecimiento y saneamiento de aguas “Plan Écija”, al haberse obviado el procedimiento legalmente establecido (art. 62 Ley 30/1992) y causar indefensión a los intereses de los vecinos y vecinas de La Campana (art. 63.2 LRJPAC), se admita y se anule, procediendo a iniciar un nuevo expediente que cumpla con la legislación vigente y defienda los intereses de los campaneros y campaneras, es decir, del Ayuntamiento de La Campana.

En La Campana, a 2 de Junio de 2010.

Fdo.: Manuel Fernández Oviedo.

Portavoz del Grupo Municipal Andalucista.

MOCION

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA

Manuel Fernández Oviedo, Portavoz del Grupo Andalucista de esta Corporación, cuyos datos y antecedentes obran en poder de la Secretaria General, en virtud del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Administraciones Públicas, presenta, para su inclusión en el Orden del próximo Pleno, la siguiente MOCIÓN:

REPROBACIÓN A DURÁN i LLEIDA POR DECLARACIONES SOBRE PER

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Andalucía es la primera región agrícola del Estado Español gracias a su clima favorable y a que sus tierras son muy fértiles. En Andalucía, las tierras aptas para la agricultura ascienden al 55% de la superficie total, siendo el Valle del Guadalquivir, que atraviesa la provincia de Sevilla y en el cual está ubicada La Campana, donde se encuentran las mejores tierras agrícolas andaluzas, por lo que la agricultura sigue siendo una actividad fundamental para nuestro territorio.

El subsidio agrario se creó en 1984 como una prestación de desempleo para los trabajadores agrícolas de Andalucía y Extremadura. Para ello, los jornaleros tienen que acumular 30 peonadas anuales como mínimo para cobrar la prestación de 420 euros al mes durante seis meses como máximo. Según los datos del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), unas 158.000 personas tienen derecho al subsidio agrario en ambos territorios.

El temporal sufrido el pasado invierno en nuestra provincia y en el resto de Andalucía hizo que se perdieran más de cinco millones de peonadas, por lo que, como medida excepcional, este año se ha reducido a 20 las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario.

La pasada semana el político catalán Josep Antoni Durán i Lleida (CiU) ha propuesto, como medida de recorte del gasto del Estado, eliminar el subsidio agrario que cobran andaluces y extremeños “porque carece de fundamento en plena crisis económica”.

Semejante propuesta absurda viene dada por: un desconocimiento absoluto de la realidad andaluza, una utilización reprobable y miserable de los tópicos andaluces y de una posición ventajosa de los partidos defensores de los intereses catalanes en la política nacional.

Los Andalucistas suponemos que Durán i Lleida no sabe que cada vez son menos los andaluces que cobran dicho subsidio, las últimas cifras del pasado mes de marzo hablan de 124.900 andaluces, que la cantidad gastada por el gobierno se duplicaría si los jornaleros fueran desempleados de cualquier otro sector económico y que la jubilación de los agricultores es de 556 euros frente a los 779,74 de los jubilados catalanes.

Por otro lado, Durán i Lleida ha vuelto a recurrir en su propuesta a los tópicos de que los andaluces son unos vagos que están todo el día de fiesta. ¿Podrá decirle eso a la cara a aquellos trabajadores del campo que se llevaron los meses de noviembre, diciembre y enero sin poder trabajar, viendo cómo la lluvia no sólo les quitaba el jornal de esos días, si no que, estropeando los tiempos de la siembra, les iba a quitar los de toda la temporada?

Finalmente, Durán i Lleida propone al Gobierno de España recortes en el subsidio agrario andaluz olvidándose conscientemente que Cataluña ha recibido para ayudas al sector del automóvil 225 millones de euros, 87 más que Andalucía por el subsidio agrario.

Por todo ello, el Grupo Municipal Andalucista presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERA: Reprobar al diputado catalán Josep Antoni Durán i Lleida por su ataque frontal a los jornaleros andaluces, que muestra no solo un profundo desconocimiento de la realidad social de Andalucía sino, sobre todo, una actitud despectiva hacia nuestra tierra.

SEGUNDA: Dar traslado de este acuerdo a los Grupos Políticos del Parlamento de Andalucía, de España y de Cataluña.


La Campana, a 3 de junio de 2010

Fdo. Manuel Fernández Oviedo

Portavoz del Grupo Municipal Andalucista

MOCIÓN

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DE LA CAMPANA

Manuel Fernández Oviedo, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista en este Ayuntamiento, cuyos datos y antecedentes constan en la Secretaría General, en virtud del art. 97 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno, la siguiente:

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace sólo unos días, el presidente del gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, compareció ante el Congreso para anunciar una serie de medidas destinadas a reducir el déficit de las cuentas públicas existentes en España, que aprobó el Consejo de Ministros y el Congreso por un voto de diferencia.

Estas medidas llegan tras una política económica errática que comienza con un presidente negando la crisis en período electoral (2008) y después negándose a llevar a cabo reformas de calado, mientras las cifras de paro en España alcanza la cota histórica de más de 4’5 millones de desempleados y el descrédito del país alarma al resto de economías occidentales. Tanto es así, que ha sido la propia Unión Europea, junto con una simple llamada telefónica del presidente estadounidense Obama - otrora buscado por el presidente Zapatero para posar juntos en las fotografías - los que han hecho rectificar la política económica del Ejecutivo.

El presidente ha rectificado como suele hacer las cosas: tarde y mal, exhibiendo la improvisación como principal rasgo político. La urgencia de las reformas reclamadas por la Unión Europea ha llevado al Ejecutivo a dar un nuevo bandazo político que acaba de un plumazo con la poca credibilidad que le quedaba al actual gobierno socialista.

No entramos a valorar la necesidad de reformas, que entendemos está lejos de toda duda, aunque si se hubieran puesto en marcha en el inicio de la crisis no tendría que implantarla ahora de forma brusca. La negativa de Zapatero a realizarlas ha convertido a España en un peligro para la estabilidad europea; tanto, que ahora nuestro país será una economía tutelada desde el exterior, con unas cifras de déficit que debe rebajar y unos plazos impuestos para ejecutarlos. Resulta difícil imaginar un descrédito mayor.

Pero sí entraremos, no obstante, en la idoneidad de las reformas propuestas por el presidente, que no podemos calificar sino de descomunal despropósito.

En primer lugar, reformas de tal calado – suponen el mayor recorte de política social de la historia de la democracia – requieren de una reflexión y, sobre todo, de consenso con las fuerzas políticas y sociales. Zapatero ha tenido tiempo para ambas cosas, pero lo ha desaprovechado, presentando unas medidas que no cuentan con la aprobación de las principales fuerzas políticas del país ni de muchos miembros de su propio partido, a juzgar por las imágenes que se pudieron ver del hemiciclo.

En segundo lugar, el gobierno hace muestra de una insensibilidad absoluta hacia las clases más desfavorecidas, puesto que el recorte afecta a la clase media y trabajadora, a las rentas más bajas y a la obra pública, generadora de empleo.

En el Partido Andalucista rechazamos que sean precisamente las pensiones las que se vean afectadas, congelando una subida garantizada por ley. Son muchos los campaneros afectados.

Igualmente, la reducción de más de 6.000 millones de euros para obras públicas va en contra de una política cuyo objetivo primordial debe ser la creación de empleo.

La pérdida de retroactividad en la ley de dependencia, presentada por Zapatero como gran avance social, afecta a miles de familias, entre ellas muchas familias de La Campana.

El cheque bebé, que repercute de igual manera en las familias sin atender a sus distintos niveles de renta, se suprime, cuando podría establecerse su aplicación para familias con ingresos reducidos.

Madres, dependientes, pensionistas… Medidas injustas y poco solidarias, y aún no se descartan subidas fiscales. Ante semejante tijeretazo neoliberal, cabe preguntarse si el presidente de España mantendrá a día de hoy su afirmación de hace unos días de que “la crisis no la pagarán los débiles”.

Por último, debemos denunciar que no se planteen reformas estructurales de calado. Las medidas no afectan a las grandes fortunas ni a la banca responsable de la crisis. Y mientras, el ciudadano medio, el parado, ve con estupor el sometimiento de un gobierno débil al dictado del sector financiero. Una componenda pactada y consentida que concluye con el hecho de que la crisis la pagan los sectores más desfavorecidos, lo que viniendo de un gobierno socialista resulta especialmente grave.

Por ello, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Mostrar el rotundo rechazo del Ayuntamiento de La Campana a las medidas de recorte social planteadas por el gobierno de la nación presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

SEGUNDO.- Instar al Consejo de Ministros, a que apruebe gravar las rentas de capital a través de la recuperación del Impuesto de Patrimonio o con un impuesto específico para los bancos y las grandes fortunas.

TERCERO.- Solicitar al gobierno socialista de España que impulse una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al gobierno de la nación y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

La Campana, a 3 de junio de 2010

Manuel Fernández Oviedo

Portavoz del Grupo Municipal Andalucista